Nuevo decreto de vivienda: todos los cambios que debes conocer si tienes una vivienda en alquiler

Reparaciones, desahucios, alquileres de temporada, actualización de rentas, prórrogas, garantías y fiscalidad. Estas son las principales novedades que introduce el nuevo Real Decreto-ley de vivienda y cómo afectan a propietarios e inquilinos.

El mercado del alquiler vuelve a experimentar cambios legislativos importantes.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. La norma fue publicada en el BOE el 7 de octubre y entró en vigor, con las excepciones previstas, el 8 de octubre de 2026. Posteriormente, el Congreso la convalidó el 12 de noviembre.

Estamos ante una regulación que introduce novedades relevantes en los contratos de arrendamiento y que obliga a propietarios, inquilinos y profesionales inmobiliarios a revisar cómo se formalizan y gestionan los alquileres.

Desde mi experiencia como profesional del sector inmobiliario y abogada, considero especialmente importante conocer estas medidas antes de poner una vivienda en alquiler o formalizar un nuevo contrato.

Vamos a repasar las principales novedades.

1. El inquilino podrá realizar determinadas reparaciones y descontar su importe del alquiler

Esta es, sin duda, una de las modificaciones que más deben tener en cuenta los propietarios.

El decreto modifica el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos e introduce un nuevo procedimiento para las reparaciones necesarias en la vivienda.

Cuando existan daños o desperfectos que afecten a la habitabilidad, seguridad o salubridad del inmueble, o sean necesarias reparaciones que correspondan al propietario, el inquilino podrá requerirle por escrito para que las realice, adjuntando un presupuesto razonable.

A partir de la recepción de ese requerimiento, el propietario dispone de 15 días naturales para:

  • Aceptar el presupuesto.
  • Proponer una reparación alternativa.
  • Ejecutar directamente la reparación.

¿Y qué ocurre si el propietario no contesta o se niega injustificadamente?

Transcurrido el plazo, el inquilino podrá ejecutar las obras necesarias y descontar su importe de las rentas futuras.

El coste deberá ser razonable, adecuado a los daños que se pretenden solucionar y estar debidamente acreditado mediante documentación.

Esto no significa que el inquilino pueda realizar cualquier reforma estética o mejora de la vivienda y descontarla del alquiler. Estamos hablando de reparaciones necesarias para conservar el inmueble en condiciones adecuadas.

¿Qué recomiendo a los propietarios?

No dejar sin contestar ninguna comunicación relativa a desperfectos o reparaciones. Es importante responder por escrito, revisar los presupuestos y, si no se está de acuerdo, ofrecer una solución alternativa dentro del plazo establecido.

En los alquileres de temporada también se introduce una regulación específica: el propietario debe responder en un máximo de cinco días hábiles a la comunicación de las reparaciones necesarias. Si no responde, el inquilino podrá realizarlas y reclamar su importe o, previa justificación, descontarlo de la renta del mes siguiente.

2. Los desahucios de personas vulnerables: ¿cuándo pueden suspenderse?

Este es otro de los asuntos que más preocupación genera entre los propietarios.

El nuevo decreto establece un régimen de suspensión de determinados procedimientos de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2030 cuando concurren situaciones de vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional.

Pero es importante aclarar que no todos los desahucios quedan paralizados automáticamente.

La norma diferencia entre los procedimientos promovidos por determinadas entidades dedicadas a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados en las condiciones que establece el decreto y los procedimientos promovidos por otros propietarios.

En este segundo grupo, cuando el inquilino acredita vulnerabilidad y carece de alternativa habitacional, el juzgado solicita a la Administración información sobre los recursos disponibles.

Si la Administración no responde o comunica que no dispone de una alternativa, el procedimiento puede quedar suspendido hasta que se garantice una solución habitacional adecuada.

La suspensión debe revisarse cada doce meses y puede levantarse si desaparece la vulnerabilidad, se ofrece una alternativa adecuada que se rechaza injustificadamente o transcurren tres años desde que se acordó.

¿Quién se considera económicamente vulnerable?

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece criterios económicos que el juez puede tomar en consideración.

Entre ellos:

  • Que el alquiler, junto con los gastos de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones, represente más del 30 % de los ingresos de la unidad familiar.
  • Que los ingresos de la unidad familiar no alcancen, con carácter general, tres veces el IPREM mensual.

Este límite aumenta en función de las circunstancias familiares:

  • 0,3 veces el IPREM por cada hijo a cargo.
  • 0,35 veces por cada hijo en unidades familiares monoparentales o cuando el hijo tenga una discapacidad igual o superior al 33 %.
  • 0,2 veces por cada miembro mayor de 65 años o persona dependiente a cargo.
  • El límite general puede elevarse a cinco veces el IPREM cuando algún miembro tenga una discapacidad igual o superior al 33 %, dependencia o una enfermedad que le incapacite permanentemente para trabajar, sin perjuicio de los incrementos por hijos.

¿Y quién puede encontrarse en situación de vulnerabilidad social?

También se valoran circunstancias personales y familiares.

Entre ellas, que en la vivienda residan:

  • Personas dependientes.
  • Víctimas de violencia sobre la mujer.
  • Menores de edad.

La concurrencia de estas circunstancias no significa que la suspensión sea automática. Se debe valorar cada situación concreta.

La vulnerabilidad puede acreditarse mediante informes de los servicios sociales y los criterios legales aplicables. La decisión final sobre la suspensión corresponde al juzgado.

¿Qué ocurre si el propietario también es vulnerable?

Este es un aspecto especialmente importante.

El juez también debe valorar las circunstancias económicas y habitacionales del propietario.

Además, el decreto establece una protección específica: no prevalecerá la vulnerabilidad económica del inquilino cuando el propietario demandante sea una persona física titular de dos o menos viviendas.

Esto no significa que todos los pequeños propietarios tengan garantizado automáticamente el desahucio, pero sí que la norma contempla expresamente su situación.

¿Quién compensa al propietario?

En determinados supuestos de suspensión, la Administración debe asumir los gastos necesarios para compensar al propietario persona física y a determinadas entidades que alquilan vivienda habitual asequible o social.

La compensación puede comprender las rentas contractuales dejadas de percibir, los suministros impagados y las costas procesales, dentro de los límites legales.

Una novedad especialmente relevante en los desahucios por impago

El decreto introduce también una enervación extraordinaria para determinados procedimientos por falta de pago cuando el inquilino acredita vulnerabilidad económica.

La Administración dispone de un plazo máximo e improrrogable de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional o, en su defecto, pagar o consignar judicialmente la totalidad de las cantidades reclamadas, las rentas devengadas y las costas procesales.

Durante ese plazo se suspende el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento.

Si se paga íntegramente la deuda, el procedimiento termina y el contrato continúa vigente.

Si no se ofrece alternativa ni se paga la deuda, la Administración queda subrogada en la posición deudora y no se podrá ejecutar el lanzamiento mientras persista la situación de vulnerabilidad económica, manteniéndose el contrato hasta su expiración.

3. Los alquileres de temporada tendrán que estar realmente justificados

Otra de las grandes novedades afecta a los alquileres de temporada.

El decreto introduce una definición específica de este tipo de arrendamiento y exige que exista una causa real y acreditable que justifique el desplazamiento temporal del inquilino.

Por ejemplo:

  • Un desplazamiento laboral.
  • Una estancia temporal por motivos de estudios.
  • Una circunstancia personal que obligue a residir temporalmente en otra localidad.

La causa debe aparecer expresamente en el contrato y ser acreditable. Además, corresponde al propietario probar que existe esa causa.

Si no se acredita debidamente, el contrato perderá su consideración de temporal y quedará sometido al régimen del alquiler de vivienda habitual, incluso con efectos retroactivos desde su formalización.

¿Qué duración pueden tener?

La duración será libremente pactada, pero deberá ser superior a 31 días y, como regla general, no superar los 12 meses.

Si continúa existiendo la causa que justificó la temporalidad, podrá acordarse una prórroga expresa.

Además, si el contrato supera los doce meses sin justificación suficiente o se suceden más de dos contratos consecutivos entre las mismas partes y sobre la misma vivienda, el primero podrá considerarse celebrado como alquiler de vivienda habitual.

Hay que tener en cuenta que los contratos temporales celebrados antes de la entrada en vigor del decreto mantienen el régimen anterior hasta que finalice el plazo pactado, sin posibilidad de prórroga bajo ese régimen.

4. Cambios en el alquiler por habitaciones

El alquiler por habitaciones también queda expresamente regulado.

El decreto establece que la suma de las rentas de los contratos de habitaciones que estén vigentes simultáneamente en una misma vivienda no podrá superar el importe de la renta que correspondería al alquiler de la vivienda completa.

Además, cuando la vivienda se encuentre en una zona declarada de mercado residencial tensionado, se aplicarán las limitaciones de renta que correspondan.

La finalidad es evitar que mediante la división de una vivienda en habitaciones se puedan superar los límites establecidos para el alquiler del inmueble completo.

5. Límites a los precios de los nuevos contratos en zonas tensionadas

Se mantienen y refuerzan las limitaciones de renta en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado.

Como regla general, si la vivienda ha estado alquilada en los cinco años anteriores, el precio del nuevo contrato no podrá superar la última renta vigente, una vez aplicada la actualización que corresponda.

Tampoco podrán añadirse al nuevo contrato gastos, cuotas, servicios o impuestos que no estuvieran previstos en el contrato anterior.

Se contemplan determinados supuestos en los que la renta podrá incrementarse hasta un 10 %, cuando se cumplan los requisitos legales, como determinadas actuaciones de rehabilitación, mejoras de eficiencia energética o accesibilidad, o contratos de larga duración.

En el caso de grandes tenedores, se aplican los límites máximos del sistema de índices de precios de referencia.

También se contemplan determinados supuestos de viviendas que no hubieran estado alquiladas durante los cinco años anteriores.

Es importante recordar que estas limitaciones requieren que la vivienda se encuentre en una zona declarada oficialmente como tensionada y que concurran los requisitos legales.

6. Actualización de las rentas: límite extraordinario del 2 %

El decreto establece una limitación extraordinaria de las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027.

Hay que distinguir dos situaciones:

  • Cuando la renta supere el límite máximo aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia, no procederá incremento alguno.
  • En los demás casos, propietario e inquilino podrán pactar una actualización. Si no existe acuerdo, el incremento no podrá superar el 2 %.

Es importante no confundir esta medida con el precio inicial de los nuevos contratos. Se refiere a las actualizaciones anuales de los contratos afectados.

7. Prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos vigentes

Otra de las medidas que afecta directamente a los propietarios es la posibilidad de que el inquilino solicite una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales.

Se aplica a determinados contratos de vivienda habitual que estuvieran vigentes el 8 de octubre de 2026 y cuyo periodo de prórroga obligatoria, tácita o de tácita reconducción finalice antes del 31 de diciembre de 2028.

Para acogerse a esta medida, el inquilino debe estar al corriente del pago del alquiler y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores.

La prórroga se solicita por anualidades y el propietario debe aceptarla obligatoriamente, salvo las excepciones previstas legalmente: acuerdo entre las partes, suscripción de un nuevo contrato, necesidad real y acreditada del propietario o determinados supuestos de renovación con una renta inferior.

Durante la prórroga se mantienen las condiciones del contrato vigente.

Es importante aclarar que no se trata de una prórroga automática para todos los contratos nuevos.

8. Nuevas garantías y prohibición de exigir seguros de impago al inquilino

El decreto también modifica el régimen de garantías adicionales.

En los contratos de vivienda habitual de hasta cinco años, o siete cuando el arrendador sea persona jurídica, la garantía adicional no podrá superar dos mensualidades de renta.

En los contratos de arrendamiento temporal, la garantía adicional no podrá superar una mensualidad.

Además, se establece expresamente que no podrá exigirse al inquilino la contratación de seguros de impago de renta u otras coberturas análogas.

Esta modificación obliga a revisar las garantías que se vienen solicitando en la formalización de los contratos.

9. El propietario no podrá repercutir determinados gastos de gestión inmobiliaria

La regulación refuerza la prohibición de trasladar al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato de alquiler de vivienda habitual, así como los impuestos asociados a la vivienda en los términos establecidos en la normativa.

Es importante que las agencias y los propietarios revisen cómo se desglosan los gastos y quién debe asumirlos.

10. Nuevas obligaciones al finalizar el contrato: documento sobre el estado de la vivienda

Esta es otra novedad práctica que considero especialmente importante.

A la finalización del contrato, propietario e inquilino deberán dejar constancia por escrito del estado de la vivienda en el momento de la entrega de la posesión mediante un documento de finalización del arrendamiento firmado por ambas partes.

Si no se firma este documento o no se refleja en él ningún desperfecto, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vivienda fue entregada en un estado adecuado de conservación.

Por tanto, recomiendo realizar siempre una revisión conjunta, acompañada de fotografías y de un documento firmado.

Esto puede evitar muchos conflictos posteriores sobre la devolución de la fianza.

11. El inquilino tendrá más protección si el propietario decide vender la vivienda

El decreto refuerza el derecho de adquisición preferente del arrendatario.

Si el propietario decide vender la vivienda alquilada, el inquilino dispone de un plazo de 30 días naturales para ejercitar su derecho de tanteo desde que recibe una notificación fehaciente con el precio y las condiciones esenciales de la venta.

Además, se refuerza este derecho cuando la vivienda se transmite conjuntamente con otros inmuebles o activos, siempre que sea jurídicamente individualizable.

Y hay una novedad importante: no se podrá pactar la renuncia del arrendatario a este derecho.

Esto obliga a prestar especial atención a las operaciones de compraventa de viviendas alquiladas.

12. Cambios fiscales: nuevas reducciones en el IRPF para determinados propietarios

El decreto incorpora también incentivos fiscales para fomentar el alquiler de vivienda habitual.

Se modifican las reducciones del rendimiento neto positivo del alquiler en el IRPF, estableciendo diferentes porcentajes en función de las condiciones del contrato, la renta, la localización de la vivienda y las características del inquilino.

Entre los porcentajes previstos se encuentran reducciones del 100 %, 95 %, 90 %, 85 %, 70 %, 60 % y 50 %, según el supuesto.

Por ejemplo, se contemplan incentivos especiales cuando se reduce la renta más de un 5 % respecto al contrato anterior, cuando se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años en determinadas condiciones, cuando se alquila en zonas tensionadas o cuando la vivienda se destina a programas de alquiler social.

También se contemplan incentivos para viviendas alquiladas por primera vez y viviendas rehabilitadas recientemente.

Es importante estudiar cada supuesto antes de formalizar el contrato, porque no todos los propietarios pueden acogerse a los mismos porcentajes.

13. ¿Qué ocurre con la propuesta de renovación automática de cinco o siete años?

Durante la tramitación de las medidas de vivienda se generó bastante confusión porque el Gobierno había aprobado otro decreto que planteaba una renovación automática de los contratos de alquiler por cinco años, o siete si el propietario era una persona jurídica, además de una indemnización al inquilino en determinados supuestos de no renovación.

Sin embargo, esa norma, el Real Decreto-ley 28/2026, fue rechazada por el Congreso el 12 de noviembre y quedó derogada.

Por tanto, esas medidas no han entrado en vigor.

Es importante distinguir entre las medidas que finalmente han sido convalidadas y las propuestas que no han prosperado.

¿Qué deben hacer ahora los propietarios?

La nueva regulación hace todavía más importante preparar correctamente cada operación de alquiler.

Antes de formalizar un contrato recomiendo:

  1. Comprobar si la vivienda se encuentra en una zona declarada de mercado residencial tensionado.
  2. Analizar si corresponde un alquiler de vivienda habitual o un alquiler de temporada.
  3. Justificar documentalmente la temporalidad cuando corresponda.
  4. Comprobar los límites de renta aplicables.
  5. Revisar las cláusulas de duración, prórrogas y actualización.
  6. Adaptar las garantías adicionales a los nuevos límites.
  7. Tener previsto un procedimiento para atender las reparaciones y comunicaciones del inquilino.
  8. Documentar el estado de la vivienda al inicio y al finalizar el arrendamiento.
  9. Analizar los incentivos fiscales disponibles.

Mi reflexión final

El mercado del alquiler necesita seguridad jurídica, confianza y estabilidad.

La protección de los inquilinos es necesaria, especialmente cuando existen situaciones reales de vulnerabilidad. Pero también debemos tener presente que detrás de muchas viviendas alquiladas hay pequeños propietarios que tienen hipotecas, gastos y obligaciones económicas.

No podemos olvidar que el propietario es una parte imprescindible del mercado del alquiler.

Desde el sector inmobiliario tenemos la responsabilidad de informar y asesorar correctamente. Cada nueva modificación legislativa exige mayor profesionalización y un conocimiento actualizado de la normativa.

Proteger al inquilino y ofrecer seguridad al propietario no deberían ser objetivos incompatibles. Necesitamos un mercado del alquiler en el que ambas partes puedan confiar.


Artículo elaborado por Katia Domingo. Normativa de referencia: Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, y legislación de arrendamientos urbanos y procesal vigente a 18 de noviembre de 2026.

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